Una travesía de cinco años ha llegado a su fin. Una oportunidad histórica de despenalizar la posesión de sustancias ilícitas para uso personal se perdió en el parlamento
En la actualidad, los partidos políticos noruegos han decidido aumentar los esfuerzos en la guerra contra las drogas mientras que la opinión pública parece respaldar la descriminalización del uso.
Por Kenneth Arctander – En 2016, varias ONG noruegas redactaron un artículo de opinión donde imploraban al ministro de Justicia, Anders Anundsen, del Partido del Progreso, que despenalizara la posesión de sustancias ilícitas para uso personal. En lugar de Anundsen, el ministro de Salud, Bent Høie, respondió con una propuesta al comité de programas del Partido Conservador para reformar la política en materia de drogas con vistas a la despenalización. Pidió que la responsabilidad de responder a infracciones leves por consumo de drogas recayera en el sector de la salud, no en el judicial.
La propuesta repercutió en la esfera política de Noruega: todos los partidos, excepto el Partido del Progreso, tomaron decisiones durante sus asambleas nacionales en la primavera de 2017. El parlamento noruego consiste en 169 escaños y nueve partidos, que se distribuyeron de la siguiente manera durante la sesión de 2017-2021 (véase la tabla más abajo).
Por parte de la derecha política, el Partido Conservador (45) y el Partido Liberal (8) respaldaron la reforma. En cuanto a la izquierda, el Partido Laborista (49), el Partido Socialista de Izquierda (11), el Partido Verde (1) y el Partido Rojo (1) manifestaron su apoyo.
Los opositores de la derecha fueron el Partido del Progreso (27) y el Partido Demócrata Cristiano (8). Finalmente, por parte de la izquierda, el Partido de Centro (19) se opuso.
Si el parlamento hubiera votado basado en esto, 115 parlamentarios habrían apoyado la reforma contra 54 opositores.
En una nota al presupuesto del Estado en diciembre de 2017 formulada por miembros del Partido Conservador, Laborista, Socialista de Izquierda y de Izquierda, se propuso que el gobierno siguiera adelante con la reforma, y se enmendó en el parlamento en diciembre de 2017. Así, el 23 de marzo, el Gobierno designó al Comité para la Reforma de la Política Pública en Materia de Drogas con el propósito de evaluar y preparar los cambios necesarios para implementar la reforma. El comité entregó el informe «NOU 2019:26 Reforma de la política de drogas: de la sanción a la ayuda» a Bent Høie, el 19 de diciembre de 2019.
El informe del comité
El comité había llevado a cabo una valoración exhaustiva basada en dos puntos de vista políticos. El punto de vista penal se basaba en que criminalizar a los ciudadanos requiere una justificación debido a los costos personales, sociales y económicos que esto implica. La criminalización es la medida más severa del Estado para condenar las conductas indeseables de sus ciudadanos. Su propósito supone sufrimiento, los antecedentes penales estigmatizan y restringen a las personas a viajar a ciertos países, solicitar ciertos empleos y estudiar ciertas profesiones.
La opinión sobre la política de salud pública del Gobierno era que existe una relación entre el consumo de drogas y los daños a la población. Tras analizar el conocimiento empírico en reformas similares, el comité concluyó que no existe una base empírica para respaldar la afirmación que sostiene que la criminalización conduce a una disminución significativa en el consumo de sustancias.
Por lo tanto, para dejar de estigmatizar a las personas que consumen drogas, el comité propuso despenalizar el consumo y posesión para uso personal de todas las sustancias ilícitas que no superen los quince gramos de cannabis, cinco gramos de heroína, cinco gramos de anfetaminas, etcétera. No propusieron reemplazar la sanción penal con multas administrativas. De esta manera, la propuesta de reforma noruega pretendía terminar con una larga historia de sanciones punitivas por parte del Estado hacia los consumidores de drogas.
El ministro de Salud fue aplaudido por sus esfuerzos en las Naciones Unidas y obtuvo el apoyo casi absoluto tanto de profesionales, como de organizaciones de consumidores en Noruega.
kenneth Arctander, durante una asamblea de Dianova International
La situación con el Partido del Progreso
A partir de la publicación del informe y de una ronda de audiencias, el Gobierno le propuso al parlamento un modelo de despenalización. En 2019, el gobierno de Solberg había logrado reunir a los cuatro partidos de derecha en una coalición que les otorgó la mayoría parlamentaria. Sin embargo, el Partido del Progreso abandonó el Gobierno en enero de 2020, pues discrepó con la postura de otros partidos sobre aceptar el regreso de una mujer asociada con el Estado Islámico, proveniente del campamento de refugiados sirio Al-Hol, junto con su hijo enfermo.
Esto significaba que el Partido del Progreso podía decidir no votar en concordancia con la plataforma política que habían acordado en 2018. Si los progresistas decidían votar en contra de la reforma, esta dependería del Partido Laborista. Esto fue lo que sucedió. En primer lugar, el consejo central del Partido del Progreso propuso una resolución en la que declaraban que los miembros del parlamento se esforzarían por la continuidad de la criminalización de los consumidores de drogas para la asamblea general que se celebraría en octubre de 2020. No obstante, los parlamentarios del partido convocaron una audiencia, y la resolución propuesta por el consejo central se reemplazó por un nuevo proyecto de resolución que no incluía la criminalización de los consumidores.
La nueva resolución fue adoptada con una mayoría de más del ochenta porciento de los votos emitidos por los delegados en la asamblea. Sin embargo, durante la primavera de 2021, la líder del partido, Siv Jensen, decidió dimitir. Antes de dejar el cargo, eligió a Sylvi Listhaug como la futura líder. Se considera que Listhaug es menos liberal, y es vista como una representante de la rama conservadora nacional del partido. Tras una ronda de audiencias en las comisiones parlamentarias sobre el proyecto de reforma del Gobierno, Listhaug frustró el proceso en el partido, lo que causó la renuncia de Kari Kjønnås Kjos, quien fue vocera de la política en materia de drogas durante muchos años. Kjos era la responsable de la gestión de la reforma por parte del partido y consideró que las acciones de Listhaug indicaban que desconfiaba de su trabajo. Estos acontecimientos pusieron fin a la posibilidad de obtener el respaldo del Partido del Progreso.
La situación con los laboristas
Los parlamentarios del Partido Laborista, Ingvild Kjerkol (vocera de la política de salud) y Tellef Inge Møroland (vocero de la política en materia de drogas) parecían comprometidos con la reforma. El Partido Laborista afirmaba que las ciudades de Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim y Tromsø habían apoyado la reforma en la ronda de audiencias. Sin embargo, el partido se caracterizaba por sus divisiones.
El gobierno propuso un proyecto de ley el 19 de febrero de 2021. Estaba a tiempo de ser votado en el parlamento el 3 de junio, después de la asamblea nacional del Partido Laborista del 15 al 17 de abril. La decisión de la asamblea en 2017 resultó vaga y se interpretó de diferentes maneras. Decía que no se sancionaría a las personas con problemas de dependencia. Esto no significa necesariamente la despenalización.
Sin embargo, los principales políticos laboristas habían restado importancia a los planes de despenalización de los conservadores, por considerarlos una copia de sus propias políticas, y manifestaron su apoyo a la reforma, incluida la formulación parlamentaria conjunta de los diputados Møroland y Kjerkol, que pedía al gobierno que cambiara la responsabilidad de las respuestas al consumo y la posesión de sustancias ilícitas del sector judicial al sanitario.
En resumen, debido a que estos políticos habían manifestado su apoyo, se hizo creer a la sociedad civil en general que los laboristas apoyarían la reforma. Sin embargo, durante el período previo a la asamblea, varios alcaldes laboristas comenzaron a lanzar afirmaciones de que la reforma propuesta era una legalización, que conduciría a niveles más altos de consumo y dependencia de drogas, y que el instituto de salud pública, la policía y el centro de investigación de la dependencia estaban en contra de la reforma.
De acuerdo con el líder del partido, Jonas Gahr Støre, la asamblea decidió rechazar la despenalización, y la reforma se perdió. Es posible que el Partido Laborista comparta el gobierno con el Partido de Centro a partir de 2021. Ambos han decidido revivir la guerra contra las drogas, con los laboristas prometiendo más fondos para que la policía luche contra la distribución de drogas y el Partido de Centro que quiere aumentar las multas por consumo de drogas según el salario del infractor.
¿Qué pasa ahora?
A pesar de la derrota, se ha logrado progresar. Debido al creciente enfoque en la política en materia de drogas y a la manera en que la policía trata a los consumidores, el fiscal general, Jørn Sigurd Maurud, reveló al público que la policía no está autorizada a registrar los teléfonos móviles, los ordenadores, ni los domicilios de los presuntos consumidores de drogas. Tampoco están autorizados a investigar a una persona que haya sido capturada por consumo o posesión de drogas para su distribución, si no existe una sospecha de la comisión del hecho. Esto significa que los consumidores de drogas no han tenido acceso a la protección básica contra violaciones a sus derechos humanos, y que ahora esto ha llegado a la atención pública.
No obstante, tanto el líder laborista como el líder de centro han restado importancia a las violaciones a los derechos de los consumidores y reafirmado su apoyo a la policía, por lo que existe una verdadera preocupación entre las organizaciones de consumidores de que la discriminación continúe.
El movimiento reformista noruego, sin embargo, ha crecido en tamaño, pues una parte importante de la sociedad civil apoya la descriminalización. Además, el movimiento también cuenta con el apoyo de partidos políticos de izquierda y de derecha, sindicatos, universitarios, representantes del cuerpo policial y del sector judicial, incluida la fiscalía del Estado. El 3 de junio, la reforma fue rechazada por votación. El 2 de junio, nos reunimos en cuatro ciudades noruegas para protestar contra este rechazo.
El 2 de junio es ahora nuestro Día de la Reforma de la Política en Materia de Drogas, que puede aprovecharse para fortalecer nuestro movimiento y mostrar solidaridad con los grupos marginados, exigir el pleno acceso de los consumidores de drogas a sus derechos humanos y unas políticas en materia de drogas basadas en el conocimiento. Estas acciones son necesarias ahora que los partidos políticos han decidido aumentar los esfuerzos en la guerra contra las drogas, lo que fortifica una situación política polarizada, mientras que la opinión pública parece respaldar la política propuesta por el Gobierno.
