¿Se puede actuar contra la crisis de opiáceos? Quizás la pregunta más apropiada es «¿podemos permitirnos no hacerlo con la devastación que está siendo generada por la epidemia?»
En 6 años, tres compañías farmacéuticas ganaron 17.000 millones de dólares enviando analgésicos opiáceos en el único estado de West Virginia – Fóto: Chris Potter – ccPixs.com, licence: CC BY 2.0
Por Carl Callison – Antes de abordar la crisis de los opiáceos, uno debe identificar cuáles son sus causas fundamentales. En este caso, hay dos: La primera reside obviamente en nuestra capacidad para desarrollar fuertes antojos por una serie de cosas y nuestra incapacidad para reconocer el problema antes de que se convierta en una adicción en toda regla.
La otra causa de la crisis de opiáceos es la codicia.
En los últimos 25 años, la codicia se ha deslizado a todos los aspectos de nuestra economía y nuestras vidas. Como ejecutivo de una gran compañía de seguros de salud, lo vi con las prácticas de facturación de ciertos proveedores de atención médica, así como los excesivos salarios pagados a los administradores de hospitales, a los ejecutivos de la práctica médica, a los líderes de las compañías de seguros de salud y a los fabricantes de medicamentos.
El factor de la codicia, asociado con la crisis de opiáceos, es aún más omnipresente y despreciable porque afecta la salud y el bienestar de las personas, sus familias, las comunidades, la aplicación de la ley y todos los niveles del gobierno. Entonces, ¿quién está perpetrando y beneficiándose de esta codicia? Está comprobado que médicos y clínicas médicas prescriben un número excesivo de recetas para medicamentos contra el dolor, y que las farmacias dispensan un gran número de medicamentos. Y, no podemos olvidar a las farmacéuticas que están más que dispuestas a proporcionar volúmenes escandalosos de analgésicos, a través de distribuidores mayoristas.
En una pequeña ciudad en el sur de West Virginia, una farmacia local recibió 9 millones de píldoras en dos años. ¡Eso es casi 11.500 píldoras por residente por año!
En 2016, los periodistas del diario Charleston Gazette Daily Mail en West Virginia analizaron los datos de los envíos y descubrieron que tres de las principales compañías productoras de fármacos ganaron 17.000 millones de dólares enviando 423 millones de analgésicos opiáceos a West Virginia entre 2007 y 2012. Seis de los 55 condados de West Virginia tienen las mayores cifras de muertes resultantes de la adicción a los opiáceos en el país. Durante seis años, más de 2.000 pacientes murieron por sobredosis con hidrocodona y OxyContin. Esto, en un estado con una población de alrededor de 1,8 millones de personas.
El Gazette-Mail también encontró que, en una ciudad en el sur de West Virginia, con sólo 392 residentes, una sola farmacia recibió aproximadamente 9 millones de píldoras ¡durante un período de dos años! ¡Eso es casi 11.500 píldoras por residente por año! Se podrían sacar más conclusiones, pero obviamente los médicos estaban prescribiendo un montón de recetas para el dolor, la farmacia las solicitaban y el distribuidor mayorista de farmacia, las entregaban. Irónicamente, estos mismos distribuidores culpan a los médicos por la epidemia de adicción, pero los fabricantes de medicamentos comenzaron a anunciar sus medicamentos como adecuados para pacientes con dolor crónico en la década de 1990, y los médicos comenzaron a recetarlos liberalmente. Antes, los opiáceos sólo se prescribían a los pacientes que sufrían un gran dolor, cerca del final de sus vidas.
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Entonces, ¿qué hacer para tener un plan para abordar las causas de la crisis de los opiáceos: la adicción y la codicia? Hay que hacer dos cosas al mismo tiempo. Debemos establecer y evaluar los mejores métodos para tratar y rehabilitar a aquellos que son adictos. En segundo lugar, debemos reducir sustancialmente el suministro y el número de píldoras de opiáceos que están siendo prescritas por los médicos, dispensadas por las farmacias y entregadas por los distribuidores farmacéuticos mayoristas.
Para tratar y rehabilitar a los adictos, se requerirán recursos significativos de todos los sectores de nuestro país. Los gobiernos federales, estatales y locales deben estar dispuestos a proporcionar fondos suficientes a las organizaciones públicas y privadas que han establecido y documentado las mejores prácticas para tratar la adicción y permitir que las personas se reintegren a la sociedad como ciudadanos productivos.
Para reducir el número de personas que se vuelven adictas a los opiáceos, el Gobierno Federal y todos los actores del campo médico deben unirse y establecer políticas para reducir el número de opiáceos que se fabrican y se ponen a disposición de los pacientes con enfermedades crónicas. Esto debe incluir un análisis, políticas y criterios para determinar el tipo de condiciones médicas tratadas con opiáceos.
¿Se pueden hacer estas cosas? Sí, pero solo con la cooperación y la participación de un gran número de entidades cuyas motivaciones no siempre son afines. ¿Podemos permitirnos hacerlo? Quizás la pregunta más apropiada es «¿podemos permitirnos no hacerlo» con la devastación que está siendo generada por la crisis de los opiáceos?
Sobre el autor
Carl Callison se graduó en el Instituto de Tecnología de la Universidad de West Virginia y después de trabajar cinco años como Auditor Federal para el Departamento de Educación y Bienestar de los Estados Unidos comenzó una carrera de 35 años con el mayor proveedor de beneficios de atención médica prepagada de West Virginia.
Durante sus 35 años con Blue Cross y Blue Shield, Carl ocupó varios cargos ejecutivos incluyendo ventas, marketing, Programas Federales y operaciones internas. En su último cargo en Highmark Blue Cross Blue Shield West Virginia, Carl trabajó como Director de Planificación Corporativa, Comunicaciones y Relaciones Públicas. En este cargo, Carl trabajó con funcionarios públicos, así como con responsables de la toma de decisiones de los servicios de salud, encargados de controlar el costo y mejorar la prestación de servicios de salud en West Virginia. Carl también se desempeñó como líder en una fuerza de trabajo legislativa conjunta encargada de evaluar y mejorar la asistencia sanitaria en West Virginia.
