Voces de la sociedad civil en las Américas

Durante la 50a Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Dianova International participó en el diálogo representando a la Coalición Americana sobre Políticas de Drogas – Foto: pantallazo de la página web de la OEA

Por M. Victoria Espada – Entre los días 19 y 21 de octubre,  la Organización de Estados Americanos (OEA) llevó a cabo la Quincuagésima sesión ordinaria de la Asamblea General, primera edición que se realiza de forma virtual para cumplir los protocolos establecidos por la pandemia de COVID-19. Creada en 1948, la OEA reúne actualmente a los 35 Estados independientes de las Américas y constituye el principal foro gubernamental político, jurídico y social del continente. Sus pilares principales son la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo.

Precediendo a las sesiones oficiales, se realizó un diálogo abierto entre la sociedad civil y otros actores sociales, los Estados Miembros y la Secretaría General de la OEA, bajo el tema central de la Asamblea General: “Enfrentando los desafíos del COVID-19 en el Hemisferio: un enfoque colaborativo para abordar vulnerabilidades y construir resiliencia en tiempos de crisis, con base en los cuatro pilares de la OEA”. Un total de 36 coaliciones acreditadas y aprobadas por la OEA pudieron participar y exponer sus preocupaciones sobre diferentes temas, desde la situación de la mujer, los jóvenes, y las comunidades indígenas y afrodescendientes, hasta la libertad de conciencia y expresión, el estado de derecho, y la economía y justicia social, entre otros.

Dianova International participó en el diálogo representando a la Coalición Americana sobre Políticas de Drogas (CAPD) integrada por veintiséis organizaciones de la sociedad civil pertenecientes a Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, México, Puerto Rico, República Dominicana y otras de ámbito internacional. Desde 2018, la CAPD trabaja los problemas asociados con el uso, producción y comercialización de las drogas consideradas ilícitas y busca propiciar un debate social informado con miras a impulsar políticas no punitivas, fundadas en la evidencia científica y que respondan eficazmente a los diversos problemas asociados con las drogas. Igualmente, la CAPD proporciona información a los gobiernos de la región para que puedan modificar las políticas de drogas y reducir, así, los daños causados por las actuales regulaciones.

Siguiendo el tema central de la Asamblea General, y considerando que la crisis configurada por la pandemia no puede ser una excusa para desatender las necesidades de las personas en situación de consumo problemático de sustancias, la CAPD instó a los Estados Miembros de la OEA a:

• Tratar los problemas asociados al uso y a la dependencia de las drogas desde la perspectiva de salud pública y considerar los servicios que atienden estos problemas como esenciales.
• Asegurar la continuidad y la calidad de estos servicios y proporcionar los recursos suficientes.
• Monitorear y evaluar las iniciativas fruto de la pandemia para garantizar su seguridad.
• Garantizar el tratamiento en entornos penitenciarios e incrementar medidas alternativas a la condena.
• Garantizar el respeto por los derechos humanos en todas las medidas emprendidas.
• Mantener los espacios de diálogo con la sociedad civil en la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pertenecientes a la OEA.