Políticas sobre drogas y derechos humanos

La integración del respeto de los derechos humanos en las políticas de drogas es esencial, especialmente para construir la era post-COVID

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Tenemos que pasar de la retórica sobre el respeto de los derechos humanos a políticas de drogas que sean eficaces y verdaderamente respetuosas de los derechos humanos. Imagen: United Nations, Human rights Office of the High Commissioner

Por Pierre Bremond – Cada año, el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos nos recuerda la importancia de los derechos humanos en la construcción del mundo al que aspiramos. Es un hecho: será imposible construir este mundo sin la solidaridad internacional, sin poder contar con esta conexión que todos y todas compartimos como seres humanos.

Esta verdad fundamental debe ser reafirmada en un mundo dañado por la crisis del COVID. Como subrayan las Naciones Unidas, sólo alcanzaremos nuestros objetivos mundiales comunes si somos capaces de crear igualdad de oportunidades para todos, abordar los fracasos que contribuyeron a la crisis del COVID y aplicar las normas de derechos humanos para hacer frente a las desigualdades, la exclusión y la discriminación.

Derechos estrechamente vinculados al desarrollo sostenible

La Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible está intrínsecamente vinculada a los derechos humanos. Según el Instituto Danés de Derechos Humanos, el 90 % de las 169 metas asociadas a los objetivos de desarrollo están de alguna manera relacionadas con los derechos humanos.

También sabemos que los enfoques basados en los derechos humanos son fundamentales para la promesa que está en el corazón de la Agenda 2030: no dejar a nadie atrás. Aprovechar las oportunidades de desarrollo más sostenibles y eficaces promoviendo el empoderamiento, la inclusión y la igualdad de oportunidades.

Violaciones de los derechos humanos a los consumidores de drogas

Los derechos humanos son la base misma del desarrollo sostenible, sobre todo en estos tiempos de crisis. Sin embargo, muchos países siguen negando esos derechos a un sector de su población: las personas que consumen drogas.

Hasta hace poco, la respuesta mundial al «problema de las drogas» se ha centrado exclusivamente en reducir y, en última instancia, eliminar la producción, el tráfico y el uso ilícitos de sustancias psicoactivas.

Esa respuesta ha dado lugar a la elaboración de políticas basadas principalmente en la represión. Como señaló el Comité de Asuntos Sociales del Consejo de Europa ya en 2015, esas políticas han dado lugar a violaciones a gran escala de los derechos humanos, incluido el derecho a la salud, así como a consecuencias desastrosas para la salud pública.

Las políticas punitivas en materia de drogas se asocian con la discriminación, el uso desproporcionado de la fuerza, las sentencias excesivamente duras por delitos relacionados con las drogas sin violencia y el hacinamiento en las cárceles.

Pena de muerte

Peor aún, si bien según el derecho internacional la pena de muerte sólo debería aplicarse a los peores crímenes (asesinato, homicidio), la posesión de cantidades mínimas de drogas sigue siendo punible con la muerte en Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam, entre otros países.

Mientras tanto, en Filipinas, la guerra contra las drogas del presidente Duterte continúa. Desde su elección en 2016, esta guerra ha provocado miles de muertes, muchas de ellas de simples consumidores de drogas que son víctimas de las ejecuciones extrajudiciales ordenadas por las autoridades. Miles de muertes, incluyendo docenas de niños y niñas, sin reducir ni un ápice el consumo ni el tráfico de drogas.

La crisis del COVID sólo ha empeorado la situación de los consumidores de drogas. En el contexto del confinamiento y, por lo tanto, del aislamiento, las personas que consumen drogas se enfrentan a necesidades y riesgos específicos, como ha señalado Dainius Pūras, relator de las Naciones Unidas sobre el derecho a la salud.

Integración de los derechos humanos en las políticas de drogas

Durante años, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha subrayado que el problema mundial de las drogas debe abordarse en plena conformidad con los derechos humanos. Este compromiso se reiteró una vez más con las recomendaciones establecidas en el documento final del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de 2016.

 

De hecho, varias instituciones transnacionales han pedido que se pase de los modelos represivos a políticas orientadas a la salud pública basadas en la prevención, la educación, el tratamiento, la rehabilitación, la reinserción y la reducción de los daños.

Varios estados han aplicado estas medidas, que han dado lugar a cambios en la sociedad en su conjunto mediante la reducción de la delincuencia, la disminución de los costes de salud y justicia, la reducción de los riesgos de transmisión del VIH y otras infecciones, y la disminución de los niveles de consumo de drogas.

Pasar de la retórica a la práctica

Es posible aplicar políticas eficaces en materia de drogas que incorporen el respeto de los derechos humanos. Para ello se necesitan mecanismos de evaluación transparentes basados en indicadores específicos de los procesos y resultados de esas políticas (incluido, por ejemplo, el acceso a los servicios de tratamiento, rehabilitación o reducción de daños, y no sólo el número de detenciones realizadas o las corrientes del mercado ilícito).

Sólo a este precio pasaremos de la mera retórica de respeto a los derechos humanos a políticas de drogas eficaces que respeten verdaderamente esos derechos.

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