En muchas partes del mundo, incluidos los países democráticos, las mujeres pertenecientes a minorías se enfrentan a sentencias más duras y, a veces, a la violencia
Las mujeres encarceladas enfrentan barreras para acceder a programas y servicios de tratamiento que satisfagan sus necesidades específicas – Photo by Sinitta Leunen on Unsplash
Por María Victoria Espada – “Superando el estigma y la violencia contra las mujeres privadas de libertad y las que usan drogas” fue el tema del evento paralelo coorganizado por Dianova, el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y la Red Internacional para la Reducción de Peligro contra la Mujer (WHRIN) el pasado 24 de marzo dentro del Foro Virtual de ONG de CSW65 (NGO CSW65) con motivo del 65º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW65).
Aumento del número de mujeres en prisión
Según datos de World Prison Brief, la población carcelaria femenina se ha incrementado en un 17% en la última década, alcanzando una cifra estimada de 741.000 mujeres a nivel mundial. Asia ha sido la región que ha experimentado un mayor crecimiento, con un 50%, seguida por África y América Latina, con aumentos de 24% y 19%, respectivamente. En el Caribe, el número de mujeres encarceladas se ha mantenido constante, mientas que en Europa ha disminuido en un 29%.
En sus palabras de apertura, Mary Chinery-Hesse, miembro de la Comisión de Drogas de África Occidental y representante en Ghana del IDPC, señaló que las cifras mencionadas también apuntan a un incremento de mujeres criminalizadas y encarceladas por delitos menores relacionados con las drogas. Igualmente, los datos reflejan los enfoques duros adoptados por los países contra las mujeres que cometen delitos en un contexto de violencia, pobreza y discriminación. Sin embargo, gracias al trabajo de concienciación realizado por la sociedad civil, los gobiernos de África Occidental se encuentran actualmente más receptivos a implementar políticas de descriminalización. En este camino, “es crucial asegurar que las decisiones y políticas se ajustan a las normativas de los protocolos internacionales”, precisó Mary.
Las ponentes desde la izquierda, en el sentido de las agujas del reloj: Marie Nougier, moderadora (IDPC), Gisela Hansen (Dianova), Mary Chinery-Hesse (West African Commission on Drugs), and Andrea James (National Council for Incarcerated and Formerly Incarcerated Women). No aparecen en la imagen: Ruth Birgin, representante de la Red Internacional para la Reducción de Peligro contra la Mujer, y Kenya Cuevas, fundadora, la Casa de las Muñecas Tiresias
Las mujeres de las minorías en Estados Unidos reciben sentencias más duras
Reducir la tasa de encarcelamiento de mujeres y niñas en Estados Unidos y buscar soluciones alternativas dentro de las propias comunidades afectadas es el trabajo principal del Consejo Nacional de Mujeres y Niñas Encarceladas y Anteriormente Encarceladas.
En Estados Unidos, la tasa de mujeres encarceladas en los últimos años ha crecido al doble del ritmo que la de hombres, según datos de Prison Policy Initiative. Además, las mujeres afroamericanas y latinas son las que sufren mayores penalizaciones por condenas de drogas, mientras que las mujeres lesbianas y bisexuales pueden recibir sentencias más largas que sus pares heterosexuales
“Este hecho es especialmente preocupante cuando el 85% de las mujeres encarceladas son madres con hijos a su cargo”, como indicó Andrea James, representante del Consejo.
El doble estigma, un gran obstáculo
Lamentablemente, el doble estigma que sufren las mujeres por ser mujer y usuaria de drogas les previene de buscar ayuda por temor a posibles repercusiones legales o sociales. Igualmente, el estigma impide que las mujeres completen los programas de tratamiento de adicciones en numerosas ocasiones, ya que éstos no se adaptan a sus antecedentes y necesidades específicas. Para contrarrestar esta situación, Gisela Hansen, Coordinadora Terapéutica de los Programas de Tratamiento de Dianova, recomendó diseñar los programas con perspectiva de género y “considerar a las mujeres como las expertas en sus vidas y las protagonistas de sus propios procesos, sea el tipo de tratamiento que sea”.
Una violencia aprobada y respaldada
En conjunto, el estigma, la desigualdad de género y la criminalización de los delitos de drogas forman una combinación donde la violencia no solo es común, sino también aprobada y respaldada. Ruth Birgin, representante de WHRIN, precisó que las mujeres que usan drogas experimentan mayores tasas de violencia por parte de sus parejas, pero carecen de los recursos legales necesarios debido a la criminalización de los delitos por drogas. Bajo el amparo de WHRIN se han organizado varias campañas a pie de calle para visibilizar la situación y, además, dar voz a las mujeres que usan drogas, las cuales, según Ruth, “se encuentran usualmente excluidas de los movimientos de mujeres y feministas”.
Las mujeres trans suelen sufrir violencia sistémica, traumas y discriminación en su paso por el sistema de justicia penal – Photo by Ras Jayamaha on Unsplash
La horrible experiencia de las mujeres transgénero encarceladas en México
Las mujeres encarceladas también enfrentan barreras para acceder a programas y servicios de tratamiento que satisfagan sus necesidades específicas. Una vez en libertad, tampoco disponen de servicios de reinserción ni de apoyo institucional y los antecedentes siguen pesando.
En el caso de las mujeres trans en México, el trayecto por el sistema jurídico-penal desde su detención hasta su liberación está aún más marcado por experiencias de violencia sistémica, trauma y discriminación
Como lo explicó Kenya Cuevas, fundadora de Casa de las Muñecas Tiresias, un espacio para que las mujeres trans mexicanas y migrantes reciban herramientas de vida y educación para la reinserción social. Kenya trabaja para “dejar de criminalizar a las mujeres trans, sensibilizar a los penales y, sobre todo, dar esperanza a las compañeras que aún están dentro”.
Declaración escrita de Dianova
Además de la coorganización de dos eventos paralelos a CSW65, Dianova contribuyó a la sesión con una declaración escrita para abogar por la transversalización de la perspectiva de género en las políticas de drogas y alcohol y en los programas de tratamiento de adicciones, a fin de abordar de manera efectiva e integral las necesidades específicas de las mujeres que usan drogas, incluyendo las de aquellas que sufren violencia de género. Para que, en un futuro muy cercano, los servicios de reducción de daños y tratamiento con enfoque de género sean la norma y no la excepción.