La Crisis de Refugiados de Rohingyá

Actualmente, unos 900.000 refugiados rohingyá se encuentran en campos de Bangladesh – Fóto: Tasnim News Agency, CC BY 4.0

Por Kaitlin Drape – Aprovechando la ocasión de la 56ª Comisión de Desarrollo Social, Dianova International junto con organizaciones aliadas miembros del Sub-comité sobre la Xenofobia y la Inclusión Social del Comité de ONG sobre migración, celebraron dos importantes eventos paralelos sobre la crisis de los refugiados rohingyá el 5 de febrero en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Los paneles hablaron sobre la creciente crisis del pueblo rohingyá en Myanmar, quienes se han visto sujetos a violencia y asesinato, expulsión, y un intento de limpieza étnica en su país y como resultado casi un millón de personas se han visto desplazadas.  Para febrero de 2017, OHCHR denunció una generalizada violación de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad de Myanmar, equiparable a crímenes contra la humanidad. La situación se agravó en agosto de 2017 con un brote de la violencia y el desplazamiento de cientos de miles de rohingyá, la mayoría de los cuales huyó a Bangladesh.

El primer panel, titulado «El Futuro de los Rohingyá» fue organizado conjuntamente con la Embajada de Bangladesh y fue moderado por la señora Rashmi Jaipal, Principal Representante de la ONU de la Asociación Americana de Psicología. Entre los panelistas estaban S.E. Sr. Masud Bin Momen, representante permanente de Bangladesh, Sr. Ashraf El Nour, director de la Oficina de Organización Internacional para Migración de las Naciones Unidas, la Sra. Li Fung del ACNUDH, el Sr. Ahmed Ullah, un activista canadiense de origen rohingyá, y el Sr. Mohammad Alkadi, un representante de Arabia Saudita.

El segundo panel «Conflicto y pobreza: el caso de los rohingyás», fue moderado por la Sra. Eva Richter, Representante de la ONG de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Pobreza y la Fundación de Educación de la Comunidad (PEACE por sus siglas en inglés) y contó con el Sr. Arjun Jain, Asesor Político Senior, con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Sra. Myra Dalgaypaw, un activista de derechos humanos del estado de Karen en Birmania oriental y el Sr. Adem Carroll, Director del Programa de las Naciones Unidas para el Grupo Operativo Estadounidense en Birmania.

La crítica situación de los rohingyá

Actualmente, unos 900.000 refugiados rohingyá se encuentran en campos de Bangladesh, y el país trata de lidiar con la crisis proveyendo alojamiento, comida, condiciones habitables limpias, tratamiento médico y tratando de prevenir la propagación de enfermedades. Esto está llevando al límite las capacidades del país. Los refugiados están viviendo bajo lonas de plástico y tiendas de campaña, y además hay escasez de comida, agua potable y baños adecuados, y un potencial aumento de enfermedades, dijo el Sr. Jain, la situación es precaria. Observó que Bangladesh y Myanmar han comenzado negociaciones para la repatriación, y que está agradecido por ello, pero las condiciones que actualmente existen en Myanmar no son sostenibles actualmente para los refugiados. Por ello, la vuelta de los refugiados «no debe ser precipitada ni prematura». Debe haber garantías de que no los van a emplazar en campos si no que tendrán la oportunidad de vivir en las llamadas «aldeas modelo» y disponer de un modo de vida decente con acceso a servicios. Pero también es importante que el ACNUR y las ONG obtengan acceso a las comunidades del estado de Rakhine en ese momento para controlar la seguridad, salud y bienestar de los rohingyá.

La Sra. Dahgaypaw, siendo ella una persona desplazada, fue una refugiada durante 17 años. Ella explicó que, en Myanmar, el país está controlado principalmente por el ejército y que hay una «cuidadosamente diseñada política de gobierno» para dividir a los pueblos de Myanmar en diferentes grupos étnicos. La población de Myanmar es en su mayoría budista, mientras que los rohingyá son mayoritariamente musulmanes.  En el caso de los rohingyá, no pueden ser dueños de la tierra y se les ha denegado la ciudadanía desde 1982.  Ella dijo, el ejército «tienen mucho éxito con la política de divide y vencerás». «Al igual que culpamos a Suu Kyi, sin duda, tenemos que culpar a los militares, porque son los que dirigen el país, dirigen el ministerio de defensa, dirigen el ministerio de interior. Suu Kyi tiene poco margen de acción, a excepción de la educación y la salud». Añadió que, a fecha de hoy, la ayuda está llegando al gobierno de Myanmar, pero ésta solo llega a zonas controladas por el gobierno, y a las zonas que no están bajo el control del gobierno no les llega absolutamente nada de esa ayuda.

El Sr. Carroll habló sobre la necesidad de comprender las causas fundamentales para la marginalización del pueblo rohingyá. Pese a que sí existe inversión y desarrollo extranjero en Myanmar, sigue siendo una economía controlada por el estado, y casi no existe ninguna oportunidad económica para los grupos de base. El Banco Mundial informó que 60 millones de personas en Myanmar viven sin un suministro fiable de electricidad y se enfrentan a «condiciones ambientales duras». Incluso antes de la crisis de los rohingyá, el índice de pobreza en el estado de Rakhine era del 78%, el doble que el del resto de la nación. La crisis alcanzó un punto crítico recientemente cuando el gobierno comenzó una «expropiación de tierras» en el estado de Rakhine. Las expropiaciones de tierras por parte del gobierno han sido un problema durante décadas, dijo, pero el estado de Rakhine «no había estado bajo el radar del gobierno para la asignación de terrenos hasta recientemente”. Esta expropiación de la tierra por parte de los militares ha alcanzado ya niveles de expulsión y limpieza étnica, según el informe de ACNUR. Incluso ahora, el Sr. Carrol declaró, «el gobierno está vendiendo la tierra de los rohingyá en estos momentos».

El Sr. Ahmed Ullah, un activista canadiense de origen rohingyá, pasó los primeros 12 años de su vida en un campo de refugiados en Bangladesh. Argumentó que la ayuda, la repatriación segura, y el final de la violencia basada en el género son necesarias para mejorar los efectos de la crisis rohingyá.  Habló sobre el polémico ataque a puestos policiales por parte del Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán (ESRA) en los municipios de Maungdaw y Rathedaung, al cual se culpó por la represalia por parte de las fuerzas gubernamentales en agosto de 2017 en el estado de Rakhine. Reconoció que, «no fue constructivo que ERSA atacase, pero se trataba de un pretexto para el gobierno». Aunque la repatriación es un objetivo principal en esta crisis, aquellos que decidan regresar deben ser protegidos y se les debe dar la oportunidad de identificar a los responsables de los actos criminales que se realizaron contra ellos, como violaciones o agresiones sexuales.

S.E. el Sr. Momen resaltó la necesidad de un enfoque hacia el futuro para encontrar soluciones a la crisis inhumana en Myanmar, lo cual va a requerir la ayuda de toda la comunidad internacional para garantizar que los rohingya desplazados puedan moverse de los campos y garantizar que «se realicen los compromisos e inversiones necesarias en el estado de Rakhine para aquellos que decidan regresar». Ningún rohingyá debería ser obligado a ser repatriado en contra de su voluntad hasta que la seguridad haya sido restaurada sobre el terreno. Mientras siguen saliendo a la luz informes de fosas comunes, es fundamental que la comunidad internacional se comprometa con una intervención sostenida. «Cuanto más dura esta situación, mayores serán los riesgos hasta que se alcance una situación sostenible». Bangladesh no puede ser por defecto la única opción para encontrar soluciones a la crisis, dijo, ya que «la enorme cantidad de afectados es un gran reto» y se necesitará movilizar un amplio número de actores internacionales.

El Sr. El Nour, de ACNUR, informó de que se está llevando a cabo una respuesta humanitaria masiva ya que equipos de ACNUR están actualizando el plan de respuesta de emergencias y aplaudió la actuación del país anfitrión Bangladesh», que sufrió el mayor impacto en este aspecto a niveles nacionales y subnacionales». Se ha logrado mucho progreso desde agosto y se dispone de una cantidad importante de personal y recursos sobre el terreno para priorizar las necesidades más urgentes, con el principal objetivo de salvar vidas. «La violencia sigue siendo excesiva» estando todavía presente el peligro de tráfico humano. Informó de que ahora hay unas «claras evaluaciones de seguimiento» para identificar las vulnerabilidades existentes pero que la organización todavía debe profundizar más en «las diferentes razones subyacentes de la crisis».

El activista Li Fung de ACNUR insistió que la crisis es un «resultado de décadas de degradación de los derechos humanos y denegación de la ciudadanía, libertad de movimiento y acceso igualitario”. A los niños rohingyá no se les ha dado un certificado de nacimiento desde 1990, y los rohingyá no pueden votar, acceder a la salud pública o trabajar. «Violencia y violaciones terribles han hecho que se marcharan de su país”. El abordar las causas principales de la crisis antes que la repatriación puede considerarse ventajoso para los rohingyá. Se deben de abordar problemas fundamentales para que esa opción sea viable para los rohingyá. «El estatus legal y de ciudadanía es una cuestión fundamental» y los refugiados los han reconocido como un «factor clave para su regreso». De momento, sin embargo, «no hay señales que haya condiciones en el estado de Rakhine suficientemente adecuadas para garantizar un regreso seguro». Alcanzar una solución requiere ir más allá de la mera supervivencia, y de proporcionar oportunidades sociales y económicas para alcanzar una vida digna y educación para los niños rohingyá.