Es hora de cambiar el enfoque de la «guerra contra las drogas»

Posición histórica del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU sobre los desafíos de derechos humanos relacionados con las políticas de drogas

Consejo de Derechos Humanos

El pasado 20 de septiembre se publicó un informe que va a suponer un antes y un después en los debates de la ONU sobre las políticas de drogas – Imagen: techo de la «Sala de los Derechos Humanos y la Alianza de Civilizaciones» (ONU en Ginebra) por Miquel Barceló, foto de Maina Kiai, licencia CC BY 2.0

Contexto

En respuesta a la resolución del Consejo de Derechos Humanos (HRC por sus siglas en inglés) sobre las repercusiones de las políticas de drogas en los derechos humanos que se aprobó el mes de abril, el Alto Comisionado de Derechos Humanos (más conocido por sus siglas en inglés OHCHR) recibió el mandato de preparar un informe en consulta con Estados, organismos relevantes de Naciones Unidas y sociedad civil para su presentación en la sesión 54 del HRC (cabe señalar que Dianova participó en esta consulta y sus recomendaciones se citan en el informe).

El informe del OHCHR, titulado «Desafíos en materia de derechos humanos a la hora de abordar y contrarrestar todos los aspectos del problema mundial de las drogas» fue presentado el pasado 20 de septiembre ante la sesión 54 del HRC. Las representantes de Dianova estuvieron presentes.

El informe, un documento de 22 páginas, recoge el marco jurídico y normativo internacional, hace una buena descripción de los principales desafíos que han sido identificados por expertos y documentos de Naciones Unidas, destaca aspectos positivos que han acontecido recientemente en los debates de políticas de drogas. El informe finaliza con una serie de conclusiones y recomendaciones concretas que son una clara apuesta para un cambio de modelo hacia una perspectiva de derechos humanos y salud pública.

De cara al futuro, está previsto que se organice una mesa redonda antes del 55º periodo entre sesiones del HRC. Además, este informe supondrá una contribución clave de cara al proceso de revisión de la implementación de la Declaración Ministerial prevista para marzo del 2024.

Principales desafíos en materia de derechos humanos

El informe resume y alinea los reconocimientos y recomendaciones respecto a las políticas de drogas emitidas por agencias y documentos oficiales de las Naciones Unidas, que quedan reflejadas en los siguientes aspectos:

  • Acceso insuficiente y desigual al tratamiento y los servicios de reducción de daño
  • “La guerra contra las drogas” y la militarización de la fiscalización de drogas
  • Recurso excesivo al encarcelamiento y hacinamiento de las cárceles
  • Uso de la pena de muerte para los delitos relacionados con las drogas
  • Impacto desproporcionado en grupos específicos: niños y jóvenes afrodescendientes, pueblos indígenas, mujeres
  • Desafíos persistentes y nuevos desafíos: en situaciones de crisis y por un medio ambiente saludable
Defensores de la regulación del cannabis

Las leyes excesivamente punitivas para los delitos de drogas tuvieron muchas consecuencias negativas, como sobrecargar los sistemas de justicia penal y alimentar el hacinamiento en las cárceles – Imagen: Nueva York NY EE.UU.- 4 de mayo de 2013 Defensores de la regulación del cannabis, foto: Shutterstock

Conclusiones y recomendaciones

En base a todo ello, OHCHR propone una serie de 22 recomendaciones que marcan una clara apuesta para acabar con la “guerra contra las drogas” implementada hasta el momento, que ha supuesto una violación de derechos humanos y una mayor discriminación. Las recomendaciones apuestan por una perspectiva de derechos humanos y salud pública. Entre las más relevantes destacamos y copiamos tal y como figuran en el informe:

  • Adoptar alternativas a la penalización, la “tolerancia cero” y la supresión de las drogas, examinando la posibilidad de despenalizar su consumo; y tomar el control de los mercados ilegales de drogas adoptando una normativa responsable, a fin de eliminar los beneficios derivados del tráfico ilícito, la delincuencia y la violencia;
  • Tener en cuenta las necesidades específicas y los posibles factores que hacen vulnerables a las mujeres enjuiciadas y encarceladas por delitos relacionados con las drogas, de conformidad con las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes;
  • Adoptar políticas de drogas con perspectiva de género que respondan a las necesidades específicas de las mujeres, y suprimir las leyes que consideren que el consumo de drogas es un motivo para retirar a los padres la custodia de sus hijos o que tengan por objeto castigar a las mujeres por consumir drogas durante el embarazo;
  • Colaborar de manera constructiva con las organizaciones de la sociedad civil, las personas que consumen drogas, las comunidades afectadas y los jóvenes en la elaboración, aplicación y evaluación de las políticas de drogas, para que se tengan en cuenta sus conocimientos y experiencias
  • Incorporar y financiar servicios de reducción del daño, y apoyar los servicios comunitarios de defensa y reducción del daño;
  • Abordar los factores socioeconómicos subyacentes que incrementan los riesgos del consumo de drogas o que conducen a participar en el comercio de drogas, luchando contra las desigualdades sociales, promoviendo la justicia social y fomentando los derechos humanos.
  • Velar por que la aplicación de la ley en la labor de fiscalización de drogas sea compatible con las obligaciones de derechos humanos que recaen sobre los Estados; y porque la aplicación de las leyes sobre drogas se reserve principalmente a los organismos civiles encargados de hacer cumplir la ley que estén debidamente formados y equipados para permitir un uso diferenciado de la fuerza acorde con las normas y principios internacionales;
  • Abolir universalmente la pena de muerte para todos los delitos, incluidos los relacionados con las drogas
  • Incluir los aspectos pertinentes de la política de drogas en los informes a los mecanismos de derechos humanos y los informes elaborados en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aplicar las recomendaciones emitidas por dichos mecanismos, y velar por que los derechos humanos se incorporen sistemáticamente en la labor de los mecanismos internacionales de fiscalización de las drogas;

 

Punto de vista de Dianova

Desde Dianova aplaudimos que los organismos de Derechos Humanos estén tratando el tema de las políticas de drogas desde el punto de vista de los derechos humanos, y que se hayan establecido acciones concretas. Se trata además de un periodo decisivo a nivel de incidencia, por la proximidad de la revisión de los compromisos incluidos en la Declaración Ministerial.

Nos alegramos de ver este claro compromiso con el principio de respeto de los derechos humanos y contra las políticas punitivas aplicadas hasta la fecha en las respuestas al fenómeno de las drogas. Será interesante ver la acogida que tienen las recomendaciones a nivel de los Estados miembros y de otras entidades de Naciones Unidas como es la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Comisión de Estupefacientes.

El hecho de que se reconozcan la falta de servicios de tratamiento y de reducción de daños como un gran desafío para el disfrute de los derechos humanos, y que se incida en la necesidad de garantizar que los tratamientos sean voluntarios, sistemas de rendición de cuentas, el apoyo a los servicios de reintegración es un gran avance. Sin embargo, lamentamos que en las recomendaciones no incluyan una mención expresa a la necesidad de fortalecer los sistemas de tratamiento.

Consideramos que algunas recomendaciones deberían contar con una mayor fundamentación en la parte inicial del informe (por ejemplo, la regulación de los mercados de drogas, la retirada de la custodia de los hijos/as, etc.).

Respecto a la recomendación de abrir la puerta a las consideraciones de la regulación de los mercados de drogas, es un tema que no está muy desarrollado en el informe, y que será interesante ver cómo se integra y explica en las discusiones posteriores. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que OHCHR sugiere examinar las posibilidades de regulación, no una regulación per se. Guste más o menos, es una realidad con la que se está experimentado en diferentes partes del mundo y con la que las Naciones Unidas deberían poder debatir libremente, sin dogmas ni tabúes. Por ello, desde Dianova damos la bienvenida a elevar el debate, ya que ello supondrá un avance en las formulaciones políticas hacia políticas de drogas con una mirada más holística y humana.

Esperamos que con la publicación de este informe y sus debates posteriores se pueda tener una discusión honesta y abierta sobre cómo proceder para proteger los derechos de las personas y ponerlas en el centro de las políticas. Es hora de acabar con enfoques dañinos e inefectivos.