Es necesario conseguir que las prestaciones sanitarias y los mecanismos de protección social tengan acceso y cobertura universales y equitativos
La mejora de los servicios públicos y la infraestructura es crucial para aumentar la seguridad de las mujeres y las niñas
Por M. Victoria Espada – La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer se reunió el pasado mes de marzo en la sede las Naciones Unidas en Nueva York en su sexagésimo tercer período de sesiones (CSW63 por sus siglas en inglés). El tema prioritario de discusión giró en torno a los “sistemas de protección social, acceso a los servicios públicos e infraestructura sostenible para la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas”.
Tras dos semanas intensas de debates, en las sesiones oficiales se reconoció la necesidad de acelerar los progresos para conseguir que las prestaciones sanitarias y los mecanismos de protección social tengan acceso y cobertura universales y equitativos. Esta propuesta ya fue identificada anteriormente durante las reuniones de la Comisión de Desarrollo Social de las Naciones Unidas (CSocD57) ante la evidencia de que solo el 20% de la población mundial tiene una cobertura adecuada de seguridad social y más de la mitad no goza de ningún tipo de cobertura, según datos recientes de la Organización Mundial del Trabajo (OIT). Cuando los derechos a las prestaciones están estrechamente vinculados al empleo formal, se perpetúa la inseguridad económica de las mujeres y la feminización de la pobreza con claro impacto intergeneracional, ya que las mujeres tienen más probabilidades de trabajar en el sector informal de la economía, especialmente en los países en desarrollo.
Igualmente, la mejora de los servicios públicos y la infraestructura es crucial para aumentar la seguridad de las mujeres y las niñas. Además, la integración de una perspectiva de género en la planificación de estrategias de desarrollo urbano y rural, incluyendo vivienda, transporte, espacios públicos y saneamiento, entre otros, incide positivamente en la construcción de sociedades más inclusivas al tiempo que reduce la exposición de mujeres y niñas a la violencia, las agresiones y el acoso.
Para que los sistemas de protección social, los servicios públicos y las políticas de infraestructura se complementen entre sí y se refuercen mutuamente es necesario un enfoque coordinado e integrado de políticas, así como un aumento en la movilización de recursos financieros nacionales e internacionales. En los últimos años se ha evidenciado que los recortes presupuestarios y las medidas de austeridad, así como las leyes y políticas discriminatorias, agravan las brechas de género y dificultan un crecimiento inclusivo. De igual manera, problemas actuales como las migraciones, el cambio climático, los conflictos armados y las situaciones posteriores a un conflicto aumentan aún más la vulnerabilidad, la inseguridad y la pobreza de las mujeres y niñas, pudiendo revertir, en algunos casos, los avances realizados.
Los participantes en las sesiones paralelas de la Comisión de la Mujer, en su mayoría representantes de organizaciones no gubernamentales (ONGs) y sociedad civil, también desvelaron algunas luces y sombras en el camino hacia la igualdad de género en lo respectivo a salarios e ingresos, acceso a recursos económicos y productivos, participación laboral de la mujer y condiciones de trabajo, y reparto entre géneros de la prestación de cuidados y del trabajo doméstico no remunerado, entre otros. En este sentido, la rendición de cuentas con perspectiva de género y el tratamiento de datos desglosados por sexo, ingresos, edad y otras características fueron señalados como necesarios para facilitar un mejor seguimiento de los resultados de políticas y programas e identificar las brechas por cerrar para “no dejar a nadie atrás”.
El acoso sexual que sufren las mujeres y niñas, tanto en el lugar de trabajo como en las escuelas, sea en espacios públicos o privados, también ocupó un lugar destacado en las discusiones de este año. Factores como la desigualdad histórica y estructural de las relaciones de poder entre hombres y mujeres, las normas sociales negativas y los estereotipos de género alimentan un entorno hostil y menoscaban el disfrute de sus derechos y de iguales oportunidades. En la política, por ejemplo, el acoso sexual y la intimidación agravan la subrepresentación de las mujeres, reducen su contribución al proceso político y menoscaban la democracia. Así, en un estudio realizado por la Unión Interparlamentaria y el Consejo de Europa se reveló que una cuarta parte de las mujeres entrevistadas parlamentarias fue objeto de acoso sexual perpetrado por colegas parlamentarios hombres, tanto de su propio partido político como de los partidos opuestos a los suyos.
Un año más, el mensaje unánime en los diversos debates de CSW63 fue alto y claro: si la igualdad de género en su más amplio sentido es ignorada, no podrá haber progreso en el cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. Para que el desarrollo sea sostenible, los derechos humanos han de ser reconocidos, protegidos y respetados. Nadie puede ni debe quedarse atrás.
