Drogas y políticas de drogas en las Américas

Después de décadas en las que un régimen prohibicionista ha reinado en el hemisferio americano, permaneciendo en gran medida impermeable a las críticas a pesar de sus desastrosas consecuencias, ha llegado el momento de proponer alternativas – imagen adaptada de Shutterstock

Por María Victoria Espada – La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), el organismo consultivo y asesor sobre temas de drogas de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebró su septuagésimo periodo ordinario de sesiones en formato virtual entre los días 16 y 19 de noviembre. La variada agenda incluyó diferentes sesiones y paneles sobre temas de interés relacionados con las drogas en el continente americano, la presentación del Plan de Trabajo 2022 de la Secretaría Ejecutiva de la CICAD, y diferentes intervenciones de organizaciones de la sociedad civil.

Evolución de los patrones de tráfico de drogas

Según el “Informe sobre la oferta de drogas en las Américas” presentado en el encuentro, “no existe una única sustancia que defina la oferta de drogas en las Américas, (…) lo que refleja la variedad de la oferta de drogas ilegales en la región”. Si bien el cannabis y la cocaína se hallan presentes en todos los países americanos, la oferta de heroína, fentanilo y metanfetamina sigue concentrada en América del Norte, aunque se reconoce la posibilidad de su proliferación a otros países. Determinados indicadores sugieren también que los patrones de tráfico están evolucionando en la región, por lo que la CICAD recomienda a los Estados Miembros “desarrollar sistemas de alerta temprana para responder a las drogas sintéticas, nuevas sustancias psicoactivas y otras drogas emergentes”.

Facilitar el acceso a los servicios de tratamiento

Sin duda, el uso de sustancias está asociado a circunstancias de salud y sociales, las cuales impactan de forma desproporcionada en los más vulnerables. Además, “las personas con trastornos por uso de sustancias sufren una brecha de acceso a tratamiento”, como señaló el representante de la Organización Panamericana de la Salud, quien aconsejó a los países americanos desarrollar “políticas de drogas balanceadas, integrales, inclusivas, apropiadamente financiadas y con enfoque de derechos humanos”. En la misma línea, los servicios de tratamiento deben ser incorporados en la atención primaria con el objetivo de facilitar el acceso a los mismos, sin por ello descuidar su calidad.

Experiencia de programas virtuales de prevención

La puesta en común de buenas prácticas de prevención en tiempos de pandemia resaltó la necesidad de anclar los programas al entorno comunitario de los beneficiarios, coordinar los sistemas locales y nacionales de prevención, así como formar alianzas interinstitucionales.

La implementación de programas de prevención virtuales en combinación con otras actividades presenciales también fue identificada como experiencia exitosa. Igualmente, la perspectiva de género y multicultural, los enfoques de derechos humanos y de salud pública, y la participación de la juventud fueron detallados como elementos esenciales en el diseño de los programas de prevención.

Desarrollo de alianzas público-privadas para facilitar la reinserción

Por su parte, varias organizaciones de la sociedad civil presentaron diferentes iniciativas de alianzas público-privadas en la integración de personas con problemas de consumo de drogas. Con un componente importante de formación y fortalecimiento de las habilidades para la vida, estas iniciativas enfatizan la autonomía y el empoderamiento de los beneficiarios para facilitar su reinserción social y laboral, a la vez que desarrollan la creación de redes de apoyo y su sentido de pertenencia a la comunidad.

La experiencia de la Fundación Dianova Uruguay

En línea con la temática anterior, Dianova International presentó una declaración oral para dar a conocer dos buenos ejemplos de alianzas público-privadas entre la Fundación Dianova Uruguay y la Junta Nacional de Drogas, la Secretaría Nacional de Drogas y la Red Nacional de Drogas (RENADRO) de Uruguay. El primero, el centro de tratamiento en patología dual “Chanaes” para varones que presentan usos problemáticos de sustancias psicoactivas asociados a trastornos mentales severos y persistentes. El segundo, el programa “Aleros”, enfocado a la promoción y protección de los derechos de personas con problemáticas asociadas al uso de sustancias psicoactivas que viven en los barrios más carenciados de la capital de Uruguay.

Generar sinergias a través de alianzas público-privadas

Dianova International señaló las fortalezas generadas por ambas iniciativas público-privadas, las cuales permiten identificar necesidades y demandas reales de la población para después ser operativizadas en propuestas y proyectos concretos. “La intervención de los equipos de Fundación Dianova Uruguay logra trascender la distancia entre el escritorio de la Administración Pública y la población beneficiaria”. La relación fluida y constante a nivel institucional y entre los equipos técnicos de Fundación Dianova Uruguay y de la administración pública fue reconocida específicamente como un elemento de éxito clave de esta alianza público-privada. Por ello, Dianova International instó a los países americanos a incrementar las oportunidades de este tipo de alianzas entre las organizaciones de la sociedad civil y la administración pública a través de la generación de “entornos habilitantes” que permitan el fortalecimiento de las organizaciones y reduzcan sus vulnerabilidades.

Dianova apoya la declaración de WOLA y aboga por una reforma de las políticas de drogas

Junto con otras organizaciones de la sociedad civil, Dianova International también apoyó la declaración oral presentada por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés). Entre otros, se alentó a los países americanos a reformar las políticas de drogas represivas mediante el establecimiento de alternativas al encarcelamiento y a tratar los problemas asociados al uso y a la dependencia de las drogas desde la perspectiva de salud pública. También se solicitó garantizar el acceso universal a servicios de prevención, tratamiento, rehabilitación, reducción de daños e integración social, prestando atención particular a la perspectiva de género en todos los aspectos de las políticas sobre drogas. Asimismo, se pidió diseñar los servicios de atención bajo fundamentos científicos y principios éticos, garantizando el respeto por los derechos humanos en todas las medidas emprendidas. Finalmente, se instó a los Estados Miembros de la OEA a mantener los espacios de diálogo en la CICAD y a contar con las organizaciones firmantes como “interlocutoras críticas, pero también constructivas, en pro de estos objetivos comunes”.