La Coalición Americana sobre Políticas de Drogas quiere pasar de la represión a políticas basadas en los derechos humanos, la justicia social y la salud pública
“El llamado a una América renovada debe convocarnos a transitar decididamente el camino del castigo al cuidado (…) con políticas de drogas basadas en el respeto por los derechos, la justicia social y la salud pública” – Imagen: pantallazo de la Organización de Estados Americanos
Por María Victoria Espada – Bajo el lema “Por una América renovada”, la Organización de Estados Americanos (OEA) celebró su quincuagésimo primer período ordinario de sesiones de la Asamblea General entre los días 10 y 12 de noviembre en formato virtual y con Guatemala como país anfitrión. Fundada en 1948, la OEA reúne actualmente a los 35 Estados independientes de las Américas y constituye el principal foro gubernamental político, jurídico y social del continente.
Los retos de la región acentuados por la pandemia
En su discurso de inauguración, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, incidió en los retos que enfrenta la región, aún más acentuados por la pandemia de COVID-19. Entre ellos, la inequidad, la violencia, la exclusión y la discriminación estructurales, el racismo, los efectos del cambio climático, la inseguridad alimentaria y las migraciones forzosas. Además, el Secretario General señaló específicamente que “el tráfico de drogas sigue amenazando nuestra seguridad y estabilidad”.
El multilateralismo y la cooperación para una recuperación a todos los niveles
Como respuesta a este complejo escenario, la OEA propuso garantizar el acceso equitativo a vacunas, priorizar la recuperación económica, fortalecer los sistemas democráticos, y reforzar el multilateralismo y la cooperación entre los países de la región. Asimismo, el Secretario General determinó que “la renovación de nuestro continente [americano] necesita de la participación activa y constante de la sociedad civil en espacios democráticos, y no solamente ser víctimas de persecución y violencia”.
Diálogo con la sociedad civil
En este sentido, y precediendo las sesiones oficiales de la Asamblea General, se realizó un diálogo abierto entre la sociedad civil y otros actores sociales, los Estados miembros y la Secretaría General de la OEA. La mayoría de las coaliciones permanentes acreditadas y aprobadas por la OEA expusieron sus experiencias y preocupaciones sobre diferentes temas, desde la situación de las mujeres, la juventud y las comunidades indígenas y afrodescendientes, hasta la libertad de conciencia y expresión, y la preservación del espacio cívico, entre otros.
El rol de la Coalición Americana sobre Políticas de Drogas (CAPD)
La CAPD también participó en este diálogo representada por su coordinador, Pablo Cymerman, de Intercambios Asociación Civil. La CAPD está formada por veintiséis organizaciones de la sociedad civil con sede en Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, México, Puerto Rico y República Dominicana, así como otras de ámbito global, como Dianova International.
Desde 2018, la CAPD trabaja los problemas asociados con el uso, la producción y la comercialización de las drogas consideradas ilícitas. Igualmente, busca favorecer un debate social informado para impulsar políticas no punitivas, fundadas en la evidencia científica y que respondan eficazmente a los diversos problemas asociados con las drogas. La CAPD proporciona información a los gobiernos de la región para que puedan modificar las políticas de drogas y reducir, así, los daños causados por las actuales regulaciones.
Acabar con “la guerra a las drogas” y pasar del castigo al cuidado
Habiéndose cumplido cincuenta años desde que el presidente Richard Nixon declarara la guerra a las drogas y las políticas represivas se extendiesen a lo largo y ancho del continente americano, la CAPD enfatizó que “el llamado a una América renovada debe convocarnos a transitar decididamente el camino del castigo al cuidado (…) con políticas de drogas basadas en el respeto por los derechos, la justicia social y la salud pública”. Así, la CAPD instó a los Estados miembros de la OEA en su declaración a:
- Modificar las políticas de drogas represivas, evitando la criminalización de las personas que usan drogas y buscando alternativas al encarcelamiento.
- Tratar los problemas asociados al uso y a la dependencia de las drogas desde una perspectiva de salud pública, garantizando el acceso universal a los servicios de prevención, tratamiento, rehabilitación, reducción de daños e integración social.
- Asegurar la calidad de los servicios ofrecidos, proporcionando los recursos humanos y económicos suficientes para su prestación, bajo un enfoque científico y de género y ajustados a principios éticos.
- Facilitar el acceso sin restricciones a la atención de la salud de las personas privadas de libertad con consumo problemático de drogas, ofreciendo servicios similares a los disponibles en su comunidad.
- Evitar políticas que pongan en mayor peligro la vida de comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes que cultivan plantas ilícitas, construyendo nuevos indicadores de éxito de las políticas de drogas.
- Garantizar el respeto por los derechos humanos en todas las medidas emprendidas, incluyendo las Directrices Internacionales sobre Derechos Humanos y Política de Drogas.
- Mantener los espacios de diálogo con la sociedad civil en la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), atendiendo a la coherencia del sistema interamericano.
Gracias a esta declaración, y al igual que en años anteriores, las organizaciones y redes miembros de la CAPD sentaron las bases para fomentar el diálogo con los Estados miembros y las instituciones de la OEA y ampliar el necesario debate sobre políticas de drogas en las Américas.