Política mundial de drogas y derechos humanos

En mayo de 2023, Dianova envió una contribución a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre los retos vinculados al fenómeno mundial de las drogas en términos de respeto de los derechos y dignidad humanas

52a sesion del CDH

Con esta contribución, Dianova participó en la consulta abierta lanzada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el fin de contribuir a la elaboración de un informe que se presentará en la 54ª sesión del Consejo de Derechos Humanos – photo: Shutterstock

Dianova International es una ONG con Estatus consultivo especial ante ECOSOC que opera en 19 países y cuatro continentes. Llevamos más de tres décadas trabajando en los campos del tratamiento y la prevención de adicciones, sobre el terrero y en la incidencia política.

En cuanto a las implicaciones de la política de drogas en los derechos humanos, Dianova quiere señalar algunos aspectos relacionados con la provisión de servicios de tratamiento de las drogodependencias, ya que éste es una de las principales áreas de trabajo de Dianova. Es clave entender que los servicios relacionados con las drogas son servicios esenciales que deben ser prestados con una lógica de atención continuada.

La baja disponibilidad de servicios de tratamiento es especialmente preocupante porque afecta directamente a la salud de las personas que consumen drogas. Según el Informe Mundial sobre las Drogas 2022, solo una de cada cinco personas con trastornos por consumo de drogas en todo el mundo recibe un tratamiento cada año. Las Naciones Unidas y los Estados miembros deben considerar esta escasez de servicios como un importante problema de salud pública y de derechos humanos. Cabe destacar que denegar el acceso a la asistencia sanitaria y a un tratamiento adecuado contraviene tanto la ética médica como el derecho internacional, en particular el derecho a la salud inscrito en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 12), así como en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Además, como se especifica en el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 3, la meta 5 menciona la necesidad de «Fortalecer la prevención y el tratamiento del uso indebido de sustancias, incluidos el abuso de estupefacientes y el uso nocivo del alcohol». Asimismo, en el Marco de indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las metas de la Agenda 2030, el indicador para esta meta (3.5.1) es: Cobertura de los tratamientos (farmacológicos y psicosociales y servicios de rehabilitación y postratamiento) de trastornos por abuso de sustancias adictivas. Por estas razones, la prestación de servicios de tratamiento y la accesibilidad a los mismos deben considerarse una parte esencial de todos los debates y análisis a este respecto.

Sin embargo, la cuestión que se plantea no es sólo cuantitativa, sino también cualitativa: todos los servicios disponibles distan mucho de cumplir las normas mínimas de calidad del tratamiento, ni todos respetan los principios básicos de los derechos humanos. Por ejemplo, las prácticas de tratamiento sin consentimiento siguen planteando serios problemas para los derechos humanos y el respeto de la dignidad humana.

Otra preocupación que Dianova quiere compartir es la reducción del apoyo a los programas de tratamiento a medio y largo plazo centrados en intervenciones biopsicosociales, y más particularmente a los programas residenciales de tratamiento. Esta tendencia es preocupante ya que limita drásticamente la oferta de una amplia gama de enfoques de intervención. Existe ahora una tendencia creciente a confiar en respuestas de naturaleza predominantemente farmacológica, a través de una perspectiva biomédica a más corto plazo y menos costosa. No hay duda de que las farmacoterapias pueden ser de ayuda en el tratamiento de la adicción, sin embargo, Dianova cree que deberían combinarse con enfoques basados en la evidencia, como las intervenciones biopsicosociales o la terapia cognitivo-conductual, que tienen más probabilidades de proporcionar a los pacientes las capacidades y habilidades necesarias para una recuperación a largo plazo. Por esta razón, Dianova considera que sobremedicalizar a los y las beneficiario/as puede ser perjudicial para su recuperación a largo plazo, al tiempo que plantea algunas preocupaciones basadas en una perspectiva de derechos humanos.

También es importante señalar que otros aspectos críticos para la salud y el bienestar de las personas son su acceso al empleo, a una vivienda asequible, a servicios de guardería, etc. Por lo tanto, es esencial ayudar a las personas que consumen drogas a acceder a estos servicios, desde una perspectiva de salud y derechos humanos. Lamentablemente, existe un enorme vacío en la prestación de servicios de recuperación y reinserción social. Esto dificulta directamente la continuidad de la atención y la eficacia de los programas de tratamiento de la drogodependencia.

Además de la relativa escasez de servicios de tratamiento adecuados y de calidad, algunas personas, incluidas las mujeres y las personas LGBT+, experimentan enormes dificultades para acceder a estos servicios o permanecer en ellos. Como se destaca en una infografía publicada por Dianova («El camino a seguir. Desarrollo de programas de tratamiento de adicciones con perspectiva de género para eliminar las barreras para las mujeres»), eliminar las barreras de género en los servicios de adicción es de vital importancia dada la brecha de género en el acceso a los servicios de drogodependencia.

Aunque esta cuestión ha sido reconocida por las instituciones pertinentes, como se muestra en la resolución 52/24 del Consejo de Derechos Humanos, así como en la resolución 59/5 de la Comisión de Estupefacientes sobre la incorporación de una perspectiva de género en las políticas y los programas sobre drogas, mucho queda por hacer para mejorar de forma efectiva los programas sobre adicciones para que tengan en cuenta las cuestiones de género, y al mismo tiempo perseguir, a nivel político, estrategias de promoción efectivas que aborden las causas profundas de las desigualdades. En este sentido, el Foro de la Sociedad Civil sobre Drogas en la UE ha publicado recientemente un informe sobre cómo potenciar la perspectiva de género en la política de drogas de la UE con una serie de recomendaciones y aspectos que podrían ser relevantes en otras regiones del mundo.

Dianova también desea arrojar más luz sobre una cuestión oculta desde hace mucho tiempo: la situación de los niños y niñas cuyos padres consumen drogas.  Cuando las políticas de drogas abordan la situación de la infancia, suele ser en relación a la necesidad de desarrollar actividades de prevención dirigidas a ella, o a su posible implicación en la producción ilícita, y hay muy pocas referencias al consumo de sustancias por parte de los padres y madres, así como a sus consecuencias en los niños y niñas. Las políticas de drogas deben esforzarse por responder a sus necesidades a todos los niveles y abordar adecuadamente no sólo las situaciones de descuido y estigmatización a las que pueden enfrentarse, sino también los riesgos a los que están expuestos, ya sean físicos, psicológicos o sociales. Esta cuestión está ganando poco a poco visibilidad en la agenda política, en particular tras la publicación de un informe sobre este tema por el Grupo Pompidou. Además, Dianova elaboró una infografía sobre este tema «Poniendo el foco en los derechos de la infancia afectada por el consumo de sustancias por parte de sus padres y madres«.

Existe otro elemento importante que afecta a la capacidad de las personas para acceder a los programas de tratamiento de la drogodependencia: la criminalización del consumo de drogas. Dianova aboga por la descriminalización del consumo de todas las sustancias psicoactivas. Dianova considera que los cargos judiciales, el castigo y los antecedentes penales no incentivan a las personas a acceder a programas de tratamiento ni a buscar el mayor nivel de salud posible, sino todo lo contrario. Dianova pide que se ponga fin a las políticas represivas que no sólo son ineficaces, sino que sirven para marginar a las personas que consumen drogas y reducir su acceso a los cuidados que necesitan. En este sentido, Dianova acoge con verdadera satisfacción la clara posición de la OHCHR a favor de la despenalización del consumo de drogas.

Por último, pero no por ello menos importante, no podemos dejar de mencionar las flagrantes violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional que ejemplifican los 35 países que mantienen la pena de muerte por delitos relacionados con las drogas. La situación es urgente y debe cesar.

Basándose en lo anterior, la OHCHR podría considerar las siguientes recomendaciones:

  • Seguir abordando los aspectos relacionados con las drogas y darles la mayor visibilidad posible en los debates y trabajos sobre derechos humanos. La política de drogas no debería ser competencia exclusiva de instituciones especializadas, ya que evidentemente afecta a otras cuestiones como la salud, los derechos humanos o el desarrollo. Por ello, la OHCHR y el Consejo de Derechos Humanos deberían desempeñar un papel fundamental a este respecto.
  • Animar a los Estados miembros a invertir y apoyar el establecimiento de una amplia gama de servicios de drogodependencia para aumentar la oferta de servicios que cumplan con los estándares de calidad y que sean asequibles.
  • Animar a los Estados miembros a producir y supervisar los datos para el indicador 3.5.1 del ODS. La ONU debería seguir la evolución de este indicador.
  • Supervisar y denunciar periódicamente las situaciones en las que la prestación de servicios relacionados con las drogas pueda violar los principios de los derechos humanos.
  • Considerar un análisis más profundo sobre los tipos de tratamiento proporcionados y que haga recomendaciones sobre cómo evitar, o seguir de cerca, la tendencia a sobremedicalizar a las personas con drogodependencia.
  • Que reconozca los servicios de recuperación y reinserción como componentes esenciales de una atención continuada en los servicios relacionados con las drogas, y que formule recomendaciones para garantizar el adecuado seguimiento, disponibilidad y calidad de dichos servicios.
  • Que promueva la integración de la perspectiva de género entre los Estados miembros para garantizar la inclusión de una perspectiva de género en las políticas y servicios relacionados con las drogas.
  • Que incluya los derechos de los niños afectados por el consumo de sustancias por parte de sus padres en sus informes y consultas sobre los retos en materia de derechos humanos que plantea abordar y contrarrestar todos los aspectos del fenómeno mundial de las drogas.
  • Que siga abogando por la descriminalización de las sustancias en el ámbito de la ONU y entre los Estados miembros como elemento clave para garantizar el disfrute de los derechos humanos por parte de las personas que consumen drogas.
  • Que promueva por todos los medios posibles la abolición de la pena de muerte en todo el mundo, y que continúe denunciando a los estados miembros y jurisdicciones que la mantienen.

Dianova queda a disposición de la OHCHR para responder a cualquier solicitud de aclaración o para proporcionar cualquier información adicional relativa a esta consulta. Puede ponerse en contacto con nosotros en

dianova@dianova.org