Las crisis internacionales no hacen más que amplificar las desigualdades y afectar de forma desproporcionada a las personas en situación de vulnerabilidad
Dianova se adhiere a la campaña #CuidadosEnTiemposDeCrisis de UNODC y hace un llamamiento a los gobiernos, organizaciones internacionales, sociedad civil, y a todas las partes interesadas a que implementen medidas urgentes para proteger a las personas. Para ello se debe fortalecer la prevención y el tratamiento de los consumos problemáticos de drogas
Declaración de Dianova International para el Día Internacional de Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, 26 de junio de 2022
El mundo está en convulsión y el equilibrio internacional cada vez más amenazado. A los graves problemas del cambio climático, los conflictos recientes en Yemen o en Myanmar, y los nuevos populismos, se suman la crisis del COVID-19 y una guerra a las puertas de Europa, impensable hasta hace poco.
El impacto desproporcionado del COVID en las poblaciones más vulnerables
En muchos países, las medidas implementadas para responder a la pandemia del COVID-19 han tenido un impacto desproporcionadamente negativo en las poblaciones más vulnerables.
Según una encuesta realizada por Amnistía Internacional en 28 países, las medidas adoptadas contra el COVID-19 se han basado en un enfoque abiertamente punitivo. Muchas personas han sido enjuiciadas, detenidas e incluso encarceladas por no cumplir las medidas sanitarias. Las poblaciones marginadas han sufrido también un aumento del acoso y la violencia por parte de las fuerzas del orden. Finalmente, este enfoque punitivo ha contribuido a reducir su acceso a servicios esenciales (vivienda, alimentación y atención sanitaria) estigmatizando aún más a estos colectivos.
Estas dramáticas consecuencias no se producen únicamente en países que no tienen una verdadera cultura de los derechos humanos, y el impacto desproporcionado de la pandemia no está solamente relacionado con este enfoque punitivo. Las desigualdades estructurales también desempeñan un papel preponderante. En Estados Unidos, por ejemplo, algunas comunidades negras y afroamericanas han experimentado niveles de muertes relacionadas con el COVID-19 hasta el doble que en otras comunidades[1]. Los inmigrantes y refugiados también se vieron mucho más afectados por la crisis sanitaria, sobre todo debido a su falta de acceso a la asistencia sanitaria y a las barreras lingüísticas[2]. Por último, la situación de la población reclusa se ha visto gravemente degradada por la crisis, a causa de un estado de salud, a menudo deficiente y, sobre todo, al hacinamiento generalizado en las cárceles, que ha hecho imposible el distanciamiento físico[3].
#CuidadosEnTiemposDeCrisis: Abordar los desafíos vinculados con las drogas en tiempos de crisis sanitarias y humanitarias
Impacto de las restricciones en las personas que presentan consumos problemáticos de drogas
En todo el mundo, la pandemia de COVID-19 y las restricciones impuestas por los diferentes gobiernos han tenido un impacto negativo importante en la capacidad de las personas con consumos problemáticos de drogas para acceder a los servicios que necesitan[4].
Además, el enfoque punitivo aplicado en el contexto de la pandemia no ha hecho más que reforzar la discriminación y la estigmatización que sufren las personas que consumen drogas ilícitas, debido a la criminalización – al menos en la mayoría de los países – de dicho consumo.
Las consecuencias de este enfoque han afectado sobre todo a las personas más vulnerables entre ellas, como las personas sin hogar, los inmigrantes y refugiados, las trabajadoras y trabajadores del sexo y las personas con graves problemas de salud mental.
Estos colectivos ya sufren de aislamiento social, de inseguridad laboral y de bajos ingresos. Las consecuencias de la pandemia han incrementado aún más estas vulnerabilidades, dificultando especialmente el acceso a la atención sanitaria, incluidos los servicios de adicciones.
En algunos lugares, los servicios de prevención y tratamiento se han cerrado o han dejado de aceptar nuevos pacientes. Los servicios de bajo umbral, como la distribución de agujas, de naloxona o las intervenciones presenciales, se han visto muy restringidos debido a las normas de distanciamiento físico y por no ser considerados como servicios esenciales, lo que por supuesto, ¡Sí lo son!
En 2021 la situación ha mejorado por la capacitad de adaptación de los servicios dedicados a la atención de las personas que consumen drogas. Sin embargo, es importante señalar que, desde el inicio de la pandemia, Dianova mantuvo sus dispositivos asistenciales abiertos, adoptando medidas estrictas para mantener seguros a sus beneficiaros y a su personal, gracias al gran esfuerzo que todos y todas realizaron.
Actuar en favor de los más vulnerables
La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto enormes disparidades en el acceso a la atención sanitaria en todo el mundo. Las comunidades y grupos más vulnerables se ven afectados de forma desproporcionada por esta y otras enfermedades. Estas disparidades son especialmente flagrantes en el ámbito de los trastornos por consumo de sustancias.
No hemos conseguido que estas poblaciones reciban la ayuda que necesitan debido a los enfoques punitivos que convierten a las personas con problemas de consumo de sustancias en delincuentes en lugar de personas que necesitan atención.
Hoy en día, la evidencia científica muestra que los enfoques punitivos en materia de drogas no sólo son injustos – afectan más a las poblaciones de los barrios desfavorecidos, a los pobres y a las minorías étnicas – sino también ineficaces[5].
Estos enfoques enraizados desde hace décadas y recientemente exacerbados por las medidas anti-COVID-19, no son una fatalidad. Por ello, Dianova aboga por la aplicación efectiva de un enfoque de salud pública en los trastornos por consumo de sustancias, centrado en las necesidades de todos, incluidas las comunidades más vulnerables.
Además, Dianova se adhiere a la campaña #CuidadosEnTiemposDeCrisis de UNODC y hace un llamamiento a los gobiernos, organizaciones internacionales, sociedad civil, y a todas las partes interesadas a que implementen medidas urgentes para proteger a las personas. Para ello se debe fortalecer la prevención y el tratamiento de los consumos problemáticos de drogas.
La pandemia de COVID-19 y las consecuencias sociales y sanitarias de las diferentes crisis en el mundo nos enseñan que es urgente reafirmar y defender el derecho universal a la salud y al bienestar. Como lo pone de relieve la Agenda 2030, un futuro más justo y equitativo depende de nuestro compromiso compartido de «no dejar a nadie atrás». Si queremos construir un mundo en el que todos y todas tengan la oportunidad de alcanzar el máximo nivel posible de salud y bienestar, debemos actuar en favor de los más vulnerables, ya.
Los trastornos por consumo de sustancias son un problema de salud pública
Los servicios de atención a las adicciones son esenciales.
[1] La comunidad negra de Chicago representa el 30% de la población de la ciudad, pero el 52% de los casos de COVID (abril de 2020) y casi el 70% de las muertes: estas comunidades suelen sufrir problemas de salud «subyacentes» que tienen su origen en una violencia social a menudo generalizada. Esto provoca una mayor vulnerabilidad al virus, mientras que la falta de medios económicos limita su acceso a la atención sanitaria. Leer la referencia
[2] Muchos se abstienen de buscar atención sanitaria por temor a ser considerados una «carga pública» y, por tanto, inadmisibles en el país.
[3] Según la ONUDD, la población mundial aumentó un 21% entre 2000 y 2019, mientras que la población reclusa se disparó en más de un 25%. En mayo de 2021, 550.000 detenidos se habían infectado con COVID en 122 países.
[4] En particular, los servicios de prevención y tratamiento de los trastornos por consumo de sustancias, los servicios de tratamiento de la comorbilidad (VIH-SIDA, hepatitis C, tuberculosis) y los servicios de tratamiento con agonistas de los opiáceos (tratamiento de sustitución).
[5] En EE. UU., por ejemplo, más de 300.000 personas están encarceladas por delitos relacionados con las drogas (en comparación con menos de 25.000 en 1980), pero estos niveles de encarcelamiento no han tenido ningún impacto en el consumo de drogas o en los niveles de sobredosis
