Expertos en derechos humanos de la ONU han pedido a la comunidad internacional que ponga fin a la llamada «guerra contra las drogas»
Los herbicidas utilizados en la fumigación aérea de los cultivos de coca pueden perjudicar la salud de los habitantes de las regiones afectadas, dañar sus cultivos alimentarios legales, envenenar el agua potable y matar o ahuyentar a las aves y la fauna silvestre – Foto: Pixabay
GINEBRA (24 de junio de 2022) – Los expertos en derechos humanos de la ONU han hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que ponga fin a la llamada «guerra contra las drogas» y promueva políticas en materia de drogas firmemente ancladas en los derechos humanos. En vísperas del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, el 26 de junio de 2022, los expertos emitieron la siguiente declaración:
«Los datos y la experiencia acumulada por los expertos de la ONU han demostrado que la «guerra contra las drogas» socava la salud y el bienestar social y malgasta los recursos públicos, al tiempo que no logra erradicar la demanda y el mercado de drogas ilegales. Peor aún, esta «guerra» ha generado narcoeconomías locales, regionales y nacionales que en varios casos han obstaculizado el desarrollo de países. Estas políticas tienen implicaciones negativas de gran alcance para el más amplio abanico de derechos humanos, como el derecho a la libertad personal, a no ser sometido a trabajos forzados, a no sufrir malos tratos ni tortura, a un juicio justo, el derecho a la salud, incluidos los tratamientos y cuidados paliativos, el derecho a una vivienda adecuada, el derecho a no ser discriminado, el derecho a un medio ambiente limpio y saludable, el derecho a la cultura y las libertades de expresión, religión, reunión y asociación y el derecho a la igualdad ante la ley.
Estas políticas, muchas de las cuales no tienen en cuenta el género, también han tenido un impacto profundamente negativo en las personas más vulnerables del mundo, como las minorías, los afrodescendientes, los pueblos indígenas, los niños y niñas, la juventud, las personas con discapacidad, las personas mayores, las personas que viven con el VIH/SIDA, las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales, las personas sin hogar, los trabajadores y trabajadoras sexuales, los migrantes, los desempleados y los exconvictos. En todo el mundo, las mujeres están cumpliendo penas de prisión en relación con los delitos de drogas en una tasa/proporción mucho más alta que los hombres, a pesar de su participación a menudo de bajo nivel, no violenta y por primera vez en tales delitos. Los estereotipos de género, a menudo discriminatorios, sobre la conducta «moral» de las mujeres desempeñan un papel en la desproporción de estas penas de prisión.
Estas mismas políticas también impulsan prácticas perjudiciales, como la caracterización por motivo de raza y mantienen el esquema de discriminación sistémica y estructural que afecta a las comunidades vulnerables y marginadas, especialmente a las personas con múltiples identidades interseccionales.
En un importante estudio publicado en 2021, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria constató que la «guerra contra las drogas» había dado lugar a un encarcelamiento masivo a través de la caracterización racial, las leyes y procedimientos de registro y confiscación, la excesiva detención preventiva, las condenas desproporcionadas y la criminalización de las personas que consumen drogas, incluidas las mujeres embarazadas en algunos países. El estudio también detectó violaciones generalizadas de los derechos asociados a la aplicación de las leyes sobre drogas, como el encarcelamiento ilegal, el juicio de niños/as y adolescentes como «adultos», la tortura y los malos tratos, la falta de garantías de un juicio justo, las ejecuciones extrajudiciales y el uso abusivo de la pena de muerte.
Aunque el derecho internacional sólo permite imponer la pena de muerte por «los delitos más graves», que se interpretan sistemáticamente como actos de asesinato intencionado, en más de 30 países se castiga con la muerte una amplia gama de delitos relacionados con las drogas.
Hay al menos 33 países y territorios que prescriben la pena de muerte por delitos de drogas como sanción obligatoria – Foto: «Paris Die-in, 2007», de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, vía Flickr, licencia: CC BY-SA 2.0
Todas las personas, sin excepción, tienen derecho a intervenciones de reducción de daños que salvan vidas. Sin embargo, la cobertura de los servicios de reducción de daños sigue siendo muy baja, a pesar de que son esenciales para proteger a las personas que consumen drogas y garantizar su derecho a la salud física y mental.
Como ha subrayado la Posición Común del sistema de las Naciones Unidas sobre la política de drogas, el consumo y la dependencia de las drogas no deben tratarse como una cuestión penal, sino como un problema de salud que debe abordarse con medidas basadas en los derechos, como la educación en materia de salud pública, la provisión de tratamientos de higiene mental, la atención y el apoyo, la rehabilitación y los programas de transición/reintegración.
Además, la amenaza de encarcelamiento no debe utilizarse como herramienta coercitiva para incentivar a las personas a seguir un tratamiento. El tratamiento de la drogadicción debe ser siempre voluntario, basado en el consentimiento informado, y dejado exclusivamente en manos de los profesionales de la salud. Para ello, deben cerrarse todos los centros de tratamiento obligatorio de drogas.
La erradicación forzosa de cultivos en el contexto de las políticas de control de drogas puede provocar la pérdida de vidas debido al uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. La fumigación aérea de sustancias peligrosas utilizadas para acabar con los cultivos ilegales puede causar graves daños al medio ambiente, a las cosechas de subsistencia y al agua limpia y potable, así como a la salud, la independencia económica y financiera, y el bienestar de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas, especialmente de las mujeres. También es preocupante la aplicación de programas de erradicación forzosa sin respetar el derecho de los grupos e individuos afectados a la información y a la participación en el proceso de decisión.
El sistema de la ONU, la comunidad internacional y los Estados miembros individuales tienen la responsabilidad histórica de revertir la devastación provocada por décadas de «guerra contra las drogas» a nivel mundial.
Hacemos un llamamiento colectivo a los Estados miembros y a todos los organismos de la ONU para que basen sus respuestas en materia de política de drogas en el derecho y las normas internacionales de derechos humanos. Además, los Estados y los organismos internacionales que prestan asistencia financiera o técnica en materia de políticas de drogas deben garantizar que estas políticas tienen en cuenta las cuestiones de género, al tiempo que defienden y tratan activamente de proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Instamos a los Estados miembros y a los organismos internacionales a que sustituyan sus actuales políticas de drogas por otras basadas en los principios de la aplicación de un enfoque de justicia integral, restaurativa y reintegradora. Las medidas preventivas eficaces, inclusivas y basadas en la comunidad son igualmente importantes.
Ahora más que nunca, la comunidad internacional debe sustituir el castigo por el apoyo y promover políticas que respeten, protejan y cumplan los derechos de todas las comunidades».
Los/as expertos/as:
- Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, Sra. Miriam Estrada-Castillo (Chair), Mumba Malila(Vice-Chair), Sra. Elina Steinerte, Sr. Matthew Gillett, Sra. Priya Gopalan; Melissa Upreti (Chair), Dorothy Estrada Tanck (Vice-Chair), Elizabeth Broderick, Ivana Radačić, y Meskerem Geset Techane
- Grupo de Trabajo sobre la discriminación de las mujeres y las niñas, Sra. Tlaleng Mofokeng,
- Relator Especial sobre el derecho a la salud; Sr. Balakrishnan Rajagopal
- Relator Especial sobre el derecho a una vivienda adecuada ; Catherine S. Namakula(Chair), Barbara G. Reynolds (Vice-Chair), Dominique Day, Miriam Ekiudoko y Sushil Raj
- Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes; Sr. Clément Nyaletsossi Voule
- Relator Especial sobre la libertad de reunión pacífica y de asociación; Marcos A. Orellana
- Relator Especial sobre las consecuencias para los derechos humanos de la gestión y eliminación ambientalmente racionales de las sustancias y desechos peligrosos; Sra. Claudia Mahler
- Experto Independiente sobre los derechos humanos de las personas de edad; Sr. Tomoya Obokata
- Relator Especial sobre la esclavitud, incluidos sus causas y consecuencias; Sr. Javaid Rehman
- Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica de Irán; Siobhán Mullally
- Relator Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños; Morris Tidball-Binz
- Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Sra. Reem Alsalem(Jordan)
- Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer
Los relatores especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.
